El texto insta al Ejecutivo a elaborar una norma "que respete las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de sanidad y asistencia social".

La misma resolución aboga por una "reforma en profundidad" de la Seguridad Social, con el objeto de garantizar una cuantía de la pensión mínima de viudedad digna, resolver la situación de miles de trabajadores prejubilados y mejorar la protección social de los trabajadores autónomos.

Asimismo, reclama al Gobierno que presente un proyecto de ley de reforma de la actual configuración de la pensión no contributiva, con el objeto de que esta prestación constituya una renta básica que garantice la autonomía y la dignidad de sus perceptores.