Actualmente, el régimen judicial prevé que los menores deben ser oídos, pero no especifica de qué manera. Además, los niños o adolescentes que delinquen disponen de un tratamiento penal diferenciado, mientras que si son víctimas reciben el mismo trato que los adultos.

Así, cada juez actúa siguiendo su criterio personal. Con la proposición de ley presentada por CiU en el Senado se pretende modificar el artículo 433 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de manera que en los procedimientos penales, las declaraciones de los menores se tomen a través de un experto que efectuará las preguntas facilitadas por el juez, el Ministerio Fiscal y las partes implicadas.

Además, se propone que tanto el juez como los afectados sigan el interrogatorio por medio de un espejo unidireccional,de un circuito cerrado de vídeo o de otras técnicas que sugiera dicho experto.

CiU asegura que para que esta iniciativa sea una realidad será necesario que la Administración de Justicia esté dotada de los medios personales y materiales adecuados y suficientes para poder ofrecer el servicio.

Finalmente, el portavoz de CiU en el Senado, Pere Macias, quien ha anunciado la presentación de esta propuesta por parte de su grupo, recordó que "tiene que ser tarea prioritaria por parte de todas las Cámaras la toma de medidas que garanticen la protección constante y efectiva de los derechos de las víctimas, especialmente si son menores".