Según los convergentes, la actual legislación no da una respuesta satisfactoria a la situación que se produce cuando una persona sana dona, en vida, órganos de su cuerpo o parte de ellos a otra persona que lo necesita con urgencia para salvar su vida.

En estos casos, al acceder a una intervención quirúrgica de manera voluntaria, el donante "no se encuentra en situación de incapaidad temporal", por lo que además de no tener derecho a la percepción de la correspondiente prestación, no tiene derecho a suspensión automática del contrato de trabajo durante el período de convalecencia posterior, situación que "puede generar perjuicios en el futuro cuando el donante quiera reincorporarse nuevamente a su puesto de trabajo".

Por ello, CiU entiende que es "de estricta justicia social" que se reforme la regulación laboral y de Seguridad Social para dar cobertura legal al período en el ue los donantes vivos de órganos dejen de trabajar como consecuencia de su hospitalización, intervención y posterior rehabilitación.