En una proposición no de ley presentada en el Congreso, el Grupo Parlamentario Catalán explca que la Ley de Residuos emplaza al Gobierno a aprobar una lista de actividades potencialmente contaminantes de suelos, a fin de someterlas a un control periódico.

Asimismo, establece que el Ejecutivo debe aportar a las administraciones autonómicas los datos necesarios para evaluar si un emplazamiento está o no contaminado."Hasta la fecha, ninguna de estas dos previsiones han sido establecidas o desarrolladas", aunque esta ley entró en vigor hace más de tres años, denuncia CiU.

Añade que el obierno catalán ha aprobado unos criterios provisionales de calidad del suelo que están siendo aplicados en otras comunidades autónomas, aunque en otras se utizan los estándares aprobados por otros estados de la Unión Europea, como Holanda.

"Nos encontramos, pues, ante una evidente indefinición técnica del concepto de emplazamiento contaminado, como consecuencia de la inactividad del Gobierno del Estado en el ejercicio de las competencias que le atribuye la Ley de Residuos", añade, por lo que pide quela Comisión de Medio Ambiente del Congreso estudie una proposición no de ley para que el Gobierno adopte estas medidas.