Dicho decreto ley establece indemnizaciones de 140.000 euros para los familiares de miembros de las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, diplomáticos, periodistas y cooperantes fallecidos durante misiones de paz internacionales, la misma cantidad que perciben las víctimas del terrorismo.

Estas indemnizaciones están previstas para casos futuros, pero también tienen carácter retroactivo desde 1978, y, por tanto, se benefician de ellas los que aparecen en un listado compuesto por 109 familias, 91 de ellas de militares, 7 de miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 3 diplomáticos y 7 periodistas.

CiU reclama se amplíe este listado y se incluya en él a las familias de los once misioneros y cooperantes que murieron en los Grandes Lagos.

El diputado de CiU Carles Campuzano consideró "obvio que el sacrificio de estos cooperantes y misioneros debe encontrar reconocimiento del Estado de manera análoga al que se produce en otros supuestos" y resaltó además que "esta ausencia se produce en un momento en el que continúa pendiente la aprobación del Estatuto del Cooperante".