La proposición pretende modificar la Ley de Medidas Contra la Morosidad en Operaciones Comerciales, y también algunos precetos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El portavoz adjunto de CiU en el Congreso Josep Sánchez Llibre subrayó que actualmente la morosidad es la principal causa de cierre de empresas, de destrucción de tejido industrial, de incremento de paro, y es por tanto una amenaza para la competitividad futura de la economía en España.

Los datos reflejan, explicó, que los proveedores soportan plazos de cobro de hasta 100 días, que llegan a los 230 en el caso de la construcción y a los 660 en el caso de administraciones públicas relacionadas con el ámbito sanitario.

Si esos plazos se redujeran a un máximo efectivo de 60 días, aseguró Sánchez Llibre, se generarían unos ahorros en concepto de intereses de alrededor de los 10.500 millones de euros anuales.

La proposición fija por ello los 60 días como plazo máximo de cobro y agiliza los procedimientos de ejecución judicial, tanto si las deudas son de administraciones públicas como de empresas privadas.

En el caso de las administraciones, se fija un plazo aún menor para el pago de sus obligaciones, que pasaría a 30 días en 2011 con un periodo transitorio durante 2010 con un plazo de pago de 45 días.

Además, dentro del concepto de "administraciones públicas" afectadas por esa modificación se incluyen entes dependientes de ellas, como Renfe o Adif, tanto en el ámbito estatal como autonómico.

La proposición clarifica también conceptos de la actual legislación en todo lo relacionado con los gastos de cobro en caso de reclamación del pago.

Uno de los objetivos, por lo que se modifica la Leu de Enjuiciamiento Civil, es que las empresas privadas puedan reclamar más fácilmente las deudas de las administraciones públicas.

Tanto Sánchez Llibre como el otro portavoz adjunto de CiU, Pere Macías, defendieron que el contenido de esta proposición es similar a medidas que se están tomando en países del entorno, y expresaron por ello su confianza en que pueda ser tomada en consideración y tramitada.