El Gobierno aprobó el pasado 1 de agosto por Real Decreto el nuevo modelo de formación continua, que empezará a aplicarse a partir del 1 de enero.

CiU resalta que el nuevo modelo nace tras las disfunciones y fraudes observados en el modelo anterior y, principalmente, ante "la necesidad de dar cumplimiento" a la sentencia del TC de 25 de abril de2002, entre otras, que exponía que el modelo vigente entonces de formación era poco respetuoso con las competencias autonómicas en esta materia,

En consecuencia, era necesaria una modificación del modelo para dar entrada a las comunidades autónomas "en la gestión y distribución de los recursos destinados a dicha finalidad".

Sin embargo, y en opinión de CiU, el nuevo sistema de formación continua aprobado por el Gobierno no cumple lo dispuesto en las sentencias de abril y de octubre de 2002 (presetadas por la Generalitat catalana y la Xunta de Galicia) en lo referido a la participación de las comunidades autónomas en la gestión de este tipo de formación.

El portavoz de Política Social y Empleo del Grupo Catalán, Carles Campuzano, asegura que no hay excusas para no traspasar la formación profesional continua a la Generalitat de Cataluña y recuerda que la sentencia del TC asume buena parte del contenido de los recursos de inconstitucionalidad y de conflicto positivo de competencias presentados pr el Gobierno catalán.