"Rechazamos la idea de que el Estado aporte más dinero en donde menos se ha desarrollado el sistema de atención. De esta forma, se castiga a los territorios en donde se han estado impulsado servicios sociales para mayores y personas con discapacidad", explicó Campuzano a Servimedia.

Campuzano cree que la ley debería fijar los criterios de aportación del Estado "en función del número de personas de más de 65 años y discapacitados existentes en una comunidad y no en función de la población atendida. No parece justo que a las comunidades más desarrolladas en materia social, las que más han hecho sin financiación del Estado, se les dé menos", aseveró el portavoz de CiU.

Esta formación política también está en contra delartículo 12.5 del citado anteproyecto de ley porque, asegura Campuzano, "no se garantiza el acceso universal de las personas a las prestaciones, sino que se afirma que se priorizará en función de la situación economica. Eso significa, en la práctica, que la mayoría de la clase media trabajadora, en la que los dos miembros de la pareja trabaje, no podrán acceder al sistema de dependencia".

Espera también CiU que en las próximas semanas el gobierno termine por asumir que la ley debe proteger al colectivo de niños menores de tres años dependientes, que, en el anteproyecto de ley quedaron fuera de las prestaciones.