El diputado catalán considera que l Ejecutivo tiene que cumplir la sentencia del TC, con fecha de 25 de abril de 2002, y adoptar las disposiciones normativas y presupuestarias oportunas para garantizar que las comunidades autónomas con competencias en esta materia gestionen la formación continua.

Según CiU, el TC asume en la sentencia buena parte del contenido de los recursos de inconstitucionalidad y de conflicto positivo de competencias presentados por la Generalitat de Cataluña.