El mencionado artículo contiene la obligación de que determinadas empresas públicas remitan un anexo de información sobre la puesta a su disposición de fondos por parte de las administraciones públicas.

El proyecto establece que esa información debe remitirse a la Intervención General de la Administración del Estado y, si las empresas son autonómicas o locales, también puede comunicarse a través del órgano competente autonómico o local, para que a su vez éste lo traslade a la Intervención General.

Para CiU, con esta transposición de la directiva comunitaria el Gobierno "no contempla correctamente las competencias autonómicas que en materia financiera y de fiscalización ostentan los órganos competentes de las diferentes administraciones públicas".

Los nacionalistas catalanes consideran que el texto "lamina y deja sin contenido las funciones de carácter financiero y fiscalización de los entes locales y el sector público autonómico y local que ostentan los órganos autonómicos competentes".