Tras conocer la recomendación del Comité de Derechos Humanos de la ONU de derogar la Ley de Amnistía, Xuclà declaró a Servimedia que quizá "no ha calibrado suficientemente la importancia que tiene la Ley de Amnistía en la transición española".

Considera que las fuerzas políticas españolas "pueden y deben" tener en cuenta estas reflexiones, y "tomar nota de las observaciones de las organizaciones multinacionales", por lo que no se debe "cerrar" esta posibilidad.

Indicó que en la última legislatura "se han abierto muchas cosas, el asunto de fondo está abierto" desde la tramitación de la ley sobre memoria histórica, y ahora con la causa iniciada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para investigar los crímenes del franquismo.

Xuclà recalcó que la Ley de Amnistía permitió que salieran de la cárcel los presos, pero no anuló las sentencias del tardofranquismo, y ahora el debate político y jurídico está en la anulación de sentencias dictadas durante la guerra civil y la dictadura.

"Si hay controversia en esto, dejemos que se pacifique lo que está más lejos, que se resuelva jurídicamente de forma pacífica", argumentó, y una vez que esa cuestión esté resuelta, podrá abordarse "el pacto de la Ley de Amnistía, que forma parte del proceso de la transición".

Concluyó que es cierto que se trata de una ley preconstitucional, pero fue pactada por las mismas fuerzas que decidieron disolver las Cortes Españolas para convocar elecciones constituyentes, y su reforma exigiría un importante consenso que, sin haber hablado con el resto de las fuerzas políticas Xuclà "intuye" que no se da.