Los catalanes explican que hay que avanzar hacia una regulación menos intervencionista del control y tutela de la actividad auditora, dando paso una autorregulación similar a la existente en otros países comunitarios.

CiU insiste en la necesidad de armonizar esta normativa, puesto que España va a entrar en abierta competencia con esas naciones. Recuerda que ya hay disosiciones y criterios fijados por las autoridades comunitarias que apuntan en esta dirección.

También demandan una más precisa definición de la función de los auditores, de su independencia, de su secreto profesional y de su responsabilidad. Aseguran que la actual normativa, que data de 1988, ya tiene disfunciones derivadas del propio crecimiento de esta actividad.