Los cirujanos se habían opuesto a realizar más intervenciones si antes no se establecía la obligatoriedad de que el paciente fuera sometido a pruebas alérgicas previas a la anestesia antes de la operación.

Una sentencia de un juzgado palmesano condenó a un anestesista, a un cirujano y a la empresa aseguradora deambos a indemnizar con 170 millones de pesetas a una paciente intervenida quirúrgicamente y a la que se anestesió sin conocer con antelación que era alérgica a los medicamentos recibidos.

La directora general del Insalud, Mari Carmen Martínez, anunció en Palma de Mallorca, tras reunirse el pasado viernes con el presidente del Colegio de Médicos de Baleares, Miguel Triola, la convocatoria de una reunión entre las asociaciones españolas de Anestesia y Alergia, el Ministerio de Sanidad y el Consejo Generl del Poder Judicial para estudiar la "indefensión jurídica a la que se enfrenta el colectivo de médicos cirujanos", dijo.

La mayoría de médicos cirujanos del Hospital General del Insalud Son Dureta y del Hospital General del Consell Insular de Mallorca secundaron la suspensión parcial de las intervenciones quirúrgicas desde el miércoles, salvo las oncológicas y las que precisaron de urgencia médica. Esto provocó una reducción del 50 por cien en las intervenciones que normalmente se practican en estoscentros sanitarios.

La polémica se originó a raíz del caso de Isabel Caldentey, paciente que el 30 de julio de 1991 fue sometida a una operación de extracción de un quiste en su mandíbula y el anestesista le suministró pentotal y succinilcolina, entre otros fármacos, sin saber que padecía alergia a estas sustancias.

Su estado de salud evolucionó a peor y quedó finalmente en estado de paraplejia absoluta, imposibilitada para hablar y moverse por propia iniciativa.