En rueda de prensa, el presidente del organismo, Claudio Boada, que presentó el documento "La calidad institucional, elemento básico para garantizar la competitividad: sistema judicial y organismos reguladores", aseguró que con el deterioro del funcionamiento de las instituciones "es difícil que la actividad económica actúe satisfactoriamente".

Por su parte, el presidente del Comité de Calidad Institucional del Círculo de Empresarios, el catedrático Juan Antonio Sagardoy, señaló que la situación de estas instituciones marca "las reglas de juego" en las que se mueve la economía.

Sagardoy subrayó que según una clasificación realizada por el Banco Mundial, España ocupa el puesto número 38 en cuanto a lo favorable que es la regulación para la actividad profesional.

En este sentido, afirmó que esta posición es "muy decepcionante", ya que España se sitúa por detrás de países como Islas Mauricio, Tailandia, Letonia o Santa Lucía.

Además, España ocupa el puesto 44 en el ranking de países según su libertad económica y ha empeorado sus resultados en cuanto a los indicadores de gobernabilidad.

INDEPENDENCIA DE LOS JUECES

El informe del Círculo de Empresarios se centra en la situación de los organismos reguladores y del sistema judicial, y en ambos casos Sagardoy coincidió en señalar que lo principal es que haya "verdadera independencia" respecto al poder político.

En el caso de los reguladores, el catedrático aseguró que, además de la independencia, es necesario que la persona que dirija el organismo esté especializada en el sector en el que va a actuar y que se establezca "un sistema de rendición de cuentas y de valoración".

En cuanto al sistema judicial, Sagardoy afirmó que es necesario que la designación de los jueces y de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sea "lo más apolítico posible". "No puede ser que sean nombrados por los políticos", añadió.

En este caso, propuso un sistema por el que 12 de los miembros del CGPJ serían nombrados por los propios jueces y 8 por los partidos políticos.

"Igual ocurre con el Tribunal Constitucional", señaló Sagardoy, quien apuntó que en este caso debería ponerse como requisito llevar al menos veinte años ejerciendo como juez.

Asimismo, abogó por hacer que los cargos dentro del Constitucional sean "mucho más largos que los actuales", incluso hasta la jubilación del magistrado. Llegado ese momento "tendrían una pensión muy digna que les haría inmunes" al partidismo, indicó.