FECE, que agrupa al 90 por ciento de los cerca de 1.200 cines que hay en España, hizo hoy en rueda de prensa su primera valoración del fallo, que es fruto de la denuncia que presentó hace ahora tres años contra las "majors" y la asociación que las agrupa en España, ADICON, incluida en la Federación Española de Distribuidores (FEDICINE).

El fallo aprobado por el Tribunal de la Competencia considera probado que las compañías Disney, Sony, Hispano Foxfilm, United Internacional Pictures y Warner Sogefilms "han concertado sus políticas comerciales" en aspectos como los precios, los porcentajes o los tiempos mínimos de exhibición, "repartiéndose una parte sustancial del mercado español de la distribución cinematográfica". Les impone a cada una de ellas una multa de 2,4 millones de euros.

La resolución también sanciona a FEDICINE con 900.000 euros por "crear y mantener una base de datos, mediante la cual las empresas distribuidoras intercambiaban datos estratégicos sensibles para su competencia".

El director de FECE, Rafael Alvero, aseguró que el fallo atiende de forma completa la denuncia que presentó su entidad y declara un hecho que las "majors" han funcionado como un cártel y con un claro "abuso de poder".

A juicio de los exhibidores, la sentencia es "histórica" y sienta precedentes de alcance nacional e internacional, ya que no hay ninguna causa de esta naturaleza abierta contra las distribuidoras de Hollywood. Según la información de que dispone FECE, la sentencia ha provocado incluso movimientos a la baja en las cotizaciones en la Bolsa norteamericana de las compañías multadas.

Para FECE, a la espera de que las "majors" recurran previsiblemente la resolución, se abren dos vías: la primera, la de que los cines españoles que lo deseen presenten reclamaciones a título particular por la minoración de ingresos que han sufridopor culpa del cártel, y que FECE eleva a un total de 300 millones de euros en los últimos cinco años.

La segunda es una exigencia a las Administraciones central y autonómicas, sobre todo al Ministerio de Cultura, al que acusa de haber mantenido estos años una "pasividad absolutamente inexplicable", a pesar de que conocía las denuncias de FECE de que "había indicios de cártel", según Daniel Abad, asesor de la federación.

Las empresas de exhibición piden al Gobierno que cree una comisión interterritorial (formada por el Ejecutivo central y las comunidades autónomas) e interministerial (ya que cree que afecta a departamentos como Hacienda y Cultura), que vele por el cumplimiento de la resolución y del pago de las multas impuestas.

Entretanto, FECE espera que FEDICINE eluda la confrontación y se siente a dialogar de verdad, "porque distribuidores y exhibidores tienen que ser socios en un mercado" que vive momentos convulsos por la piratería y las nuevas fuentes digitales de acceso al cine.