Según esta entidad, la industria cinematográfica española afronta en la actualidad la creación de una demanda que amplíe el mercado interno, de reducidas dimensiones en estos momentos.

Nuestro país, donde estánregistrados 3.000 títulos cinematográficos, produce anualmente entre 120 largometrajes, en el mejor de los casos, y 30 en el peor.

Los productores asumen unas inversiones que, según este colectivo, en su mayor parte no llegan amortizar por la pequeñez del mercado interior, la casi inexistencia del exterior y la falta de reconocimiento material de los derechos de propiedad intelectual derivados del consumo en concepto de copia privada.

La ley de Propiedad Intelectual de 1987 actualmente en vigor etablece un canon que deberá pagar la industria fabricante de aparatos y soportes audiovisuales, como compensación a la utilización y consumo del trabajo del creador.

La modificación de la ley, en fase de debate en el seno de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de los Diputados, cuantifica esa tasa en armonía, en su fondo y forma, con las legislaciones de los países comunitarios.

De los 1.000 millones de pesetas que podrían ingresar los productores audiovisuales, una partida del 20 porciento se destinaría a la promoción de nuevos autores y productores, según esta entidad de gestión.

Según datos facilitados por este colectivo, en Francia y por copia privada la industria cinematográfica recaudó 171 millones de francos, unos 3.400 millones de pesetas, en 1971, mediante un canon similar al que se pretende. De esta cantidad, 850 millones de pesetas fueron destinados a la promoción y fomento del consumo del propio producto.

La Entidad de Gestores de Derechos de Productores han señaldo que esperan "el legítimo reconocimiento de su trabajo, incentivo primordial para poder seguir desarrollando nuestra labor, que ha supuesto una clara contribución al patrimonio cultural del país".