El presidente de la FEECE, Rafael Romero, declaró a Servimedia que Jordi Pujol está obligado a aplazar la entrada en vigor del decreto -prevista para el 17 de marzo- y negociar con el sector, "que será el gran perjudicado por esta ley".

En su opinión, el decreto de la Generalitat puede crear un procedente muy negativo, ya que está convencdo de que el resto de comunidades autónomas con lengua propia intentarán legislar una medida similar.

Romero recordó que en Cataluña ya hay salas de cine que emiten películas dobladas al catalán y que, por tanto, no es necesario obligar al sector del cine a doblar las películas. "Estas salas tienen un aforo suficiente para cubrir la demanda que existe para ver este tipo de cine", agregó.

"El decreto de cine perjudica claramente los intereres de los empresarios del sector y es inadmisible que en u régimen de libertad de empresa se impongan medidas intervencionistas", afirmó Romero, para añadir que la Generalitat debería dar "marcha atrás" en sus pretensiones.