Esta reestructuración se enmarca en el roceso de transferencias de medios y personal de la Administración central a las autonomías, diputaciones y ayuntamientos, denominado "impulso autonómico". A la vez que se producen los traspasos, el Gobierno está reduciendo la Administración periférica del Estado con el fin de simplificar y racionalizar sus estructuras buscando la eficacia y el ahorro; evitando por tanto duplicidades innecesarias.

En Economía y Hacienda se han integrado en las respectivas delegaciones de Hacienda las gerencias del Cenro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, así como las cuatro delegaciones territoriales de la Escuela de Hacienda Pública, lo que ha supuesto la supresión de 16 centros regionales y 65 territoriales.

En Asuntos Sociales se han eliminado las 17 oficinas de Asuntos Sociales (una en cada comunidad autónoma) y sus funciones han pasado a las direcciones provinciales de Trabajo y Seguridad Social, llamadas ahora direcciones provinciales de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales.

En el Miisterio de Industria y Energía se han suprimido las 52 direcciones provinciales y se han creado 17 oficinas de Industria y Energía, una en cada autonomía.

La última reestructuración en Sanidad conllevó la supresión de altos cargos, de direcciones y subdirecciones generales, con un ahorro de 104 millones de pesetas. Lo mismo ocurrió con la unificación de los ministerios de Justicia e Interior.

En estas reformas, además de suprimir órganos, se ha buscado agrupar en una sola dirección todas las uniddes dependientes de un mismo ministerio.