Estas cinco entidades públicas forman parte de una experiencia piloto de la Dirección General de Responsabilidad Social de la mencionada consejería, por el que se trata deestablecer una metodología aplicable a estos tipos de entidades.

Las empresas públicas deben de ser un referente para las otras empresas en la incorporación de la responsabilidad social, tanto en las relaciones con el personal, como en las relaciones con terceras personas.

Así, las entidades acogidas a este programa desarrollarán, entre otras, acciones dirigidas a favorecer la conciliación de la vida familiar y la laboral, a la igualdad entre hombres y mujeres, a la inserción laboral de personas con discapacidad y/o riesgo de exclusión del mercado de trabajo.

Además, aplicarán medidas de tipo medioambiental, como puede ser el uso de productos no contaminantes y la implantación de una gestión energética eficiente, así como la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en los pliegues de prescripciones para la contratación pública.

En este sentido, se fija como objetivo que en 2011 la contratación de productos y servicios con empresas socialmente responsables o en proceso de certificación debe de alcanzar el 30% del total.