En la operación "Securitas" han sido arrestados Letty Yasmine R.A., de 29 años, y Carlos Wilson O.C., de 36, ambos de origen ecuatoriano. La mujer se hacía pasar por gerente de una importante empresa de seguridad española y aseguraba actuar en su nombre al firmar los contratos, que eran falsos, mientras el marido colaboraba con ella en la búsqueda de posibles víctimas.

El precio que cobraban a cada inmigrante por el supuesto permiso de trabajo y residencia oscilaba entre 2.500 y 3.500 euros, aunque las víctimas daban a cuenta 2.000 cuando firmaban un falso contrato con los estafadores.

Para dar mayor credibilidad a los documentos que confeccionaban, a veces incluían el anagrama del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto Nacional de Empleo.

Los detenidos desarrollaban su actividad delictiva desde 2004 y la policía estima que han podido realizar unos 20 contratos falsos al año. El juez ha decretado prisión provisional para los dos detenidos, que han ingresado en prisión. Las investigaciones continúan y no se descartan nuevas arrestos de personas relacionadas con el caso.

Por otro lado, la policía ha detenido a dos ciudadanos peruanos, Orlando S.M., de 27 años, y Fanny Milagros P.V., de 41, acusados de estafa y delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Los arrestados ofrecían a compatriotas tramitarles las solicitudes de trabajo y residencia, en este caso a cambio de 1.000 euros, y decían que tenían contactos en la Administración para lograr las concesiones.

La policía ha detenido también en otra operación a Edgar Patricio M.P., ecuatoriano de 41 años, acusado de estafa, falsificación de documentos e intrusismo profesional, ya que se hacía pasar por abogado y funcionario del consulado de Ecuador en Madrid para estafar a compatriotas.

El detenido se ofrecía para realizar todo tipo de gestiones para regularizarlos por cualquiera de las opciones legales, como reagrupación familiar o con contrato de trabajo. La investigación policial ha demostrado que, en realidad, no llegó a hacer gestión alguna, aunque sí a cobrar hasta 5.000 euros en total a varios compatriotas.