A estas personas se suma un oficial del Juzgado de Paz del municipio grancanario de Santa Brígida, que ya había sido detenido y encarcelado con anterioridad como presunto autor de un delito de cohecho, como receptor de dinero, y otro de falsificación de documento oficial.

Según publica hoy el diario "Canarias 7", los extranjeros que se casaban con españolas a través de esta red pagaban desde 400.000 hasta 700.000 pesetas por caa matrimonio civil.

Todos ellos incumplían la Ley de Extranjería y para evitar ser expulsados del país optaron por acudir a dicha red, que les aseguraba la obtención de la residencia y un posterior divorcio.

Las investigaciones policiales continúan, ya que se cree que podría haber funcionarios del Estado y abogados implicados en la trama que está siendo desmantelada.