Según informó hoy la Policía Nacional, las tarjetas eran utilizadas en dos establecimientos comerciales, en connivencia con sus dueños y empleados; más tarde, se repartían los beneficos a medias con los portadores de estos medios de pago. Según han podido constatar los investigadores, el botín generado asciende a más de 50.000 euros.

Los detenidos son Alejandro R.G., de 32 años, y José Luis P.S., de 34, propietario y socio, respectivamente, de los establecimientos donde se operaba-; Susana P.G., de 20, y Natalia B.M., de 30, ambas empleadas de las tiendas, e Iñigo de la C. R., que ejercía funciones de seguridad.

A los agentes de la UCRIF les habían llegado numerosas denunciasde titulares de tarjetas de crédito sustraídas, a las que habían cargado importes de compras que ellos no habían realizado. El estudio de estas denuncias señalaba a determinados establecimientos, que se repetían en el cargo de los importes. Un análisis más profundo señaló dos negocios, sucursales de una empresa de móviles; allí se habían realizado cargos por ventas muy elevados con respecto a los realizados en otros comercios del ramo.

Por tanto, en esos lugares se centraron las investigaciones. Estabn situadas en las calles Comandante Fortea y Ferraz, ambas de Madrid. Pronto, los agentes comprobaron que, efectivamente, en ellas se realizaban transacciones fraudulentas con tarjetas de crédito, con la connivencia de dueños y empleados. La mayoría eran robadas o hurtadas, normalmente a turistas; operaban con ellas repetidas veces, hasta llegar al límite de saldo permitido.

Todas estas operaciones se realizaban, lógicamente, en el mínimo tiempo posible, antes de que el legítimo propietario se percataa del hurto o tuviera tiempo de anularla. No obstante, también se han detectado tarjetas falsificadas, casi siempre de entidades bancarias extranjeras, porque las notificaciones se dilatan en el tiempo y los delincuentes cuentan con más margen para hacer uso de las mismas.

Los "pases" con las tarjetas casi nunca eran a cambio de una mercancía: se trataba de ingresar un dinero en la cuenta de la tienda, que más tarde se repartiría al 50 % entre dueños, empleados y portadores. En los casos en que sí se ealizaba una venta, los propietarios generaban unos beneficios con la transacción y los portadores de la tarjeta obtenían un producto sin coste alguno.

Según se desprende de las investigaciones, los detenidos venían actuando desde el pasado mes de octubre. Han intentado realizar operaciones por un valor superior a los 225.000 euros, aunque sólo lo han conseguido en transacciones que ascienden a 53.162. No obstante la operación sigue abierta, pues se intenta hallar otras posibles víctimas, aún desconocdoras de la situación, y otros implicados en los hechos delictivos.

De los cinco detenidos, sólo los cuatro primeros han pasado a disposición judicial. El último, que ejercía funciones de seguridad en una de las tiendas, fue puesto en libertad al no tener una relación directa con el delito.