El Valedor do Pobo de Galicia se resiste a tildar a ninguna institución de Galicia de "hostil o entorpecedora" de su labor -como contempla la ley reguladora deesta institución-, pero en su informe anual la institución reconoce como "obvio" que en determinados organismos e instituciones "se dio una actitud de negligencia grave e incluso entorpecimiento el objetivo para la tramitación de ciertas quejas".

En este informe, el Valedor do Pobo constata que hubo multitud de quejas en las que fue preciso un requerimiento para que las administraciones enviaran la documentación pedida y se refiere después sólo a los casos más escandalosos.

Como ejemplo, el infore recoge el caso del ayuntamiento coruñés de Culleredo, que precisó seis requerimientos consecutivos para informar sobre un expediente concreto, o el de Sada, que necesitó cinco requerimientos. Los de Arteixo y Carballo, también en La Coruña, precisaron cuatro requerimientos en cada caso.

En 28 quejas recibidas, el Valedor tuvo que hacer 2 requerimientos antes de poder atenderlas, y tres en otras 10 quejas de ciudadanos. También hubo muchas instituciones que sobrepasaron ocho veces el tiempo previsto n la ley para informar al Valedor, fijado en 15 días. Más de treinta instituciones sobrepasaron los cuatro meses para contestar.

Entre las consejerías de la Xunta que se distinguieron en algún momento por entorpecer la labor del Valedor figuran las de Presidencia, que precisó requerimientos por 6 quejas (en un caso caso hicieron falta tres requerimientos y en otro expediente dos), Obras Públicas, que acumuló 6 requerimientos por una queja de disciplina urbanística, Educación, Industria (requerida tresveces por una queja) y Sanidad.

Los organismos autónomos menos cumplidores fueron el Instituto de la Vivienda, que en más de un caso tardó más de ocho meses en contestar a un requerimiento del Valedor, y el Servicio Galego de Salud.