El informe, que detalla las violaciones de derechos en los últimos cinco años, relata los casos de 75 personas que las tropas mataro durante el periodo de vigencia de la ley marcial, así como las circunstancias en las que se produjeron los hechos.

A pesar de los cinco años transcurridos desde la matanza por parte de las fuerzas gubernamentales, el 4 de junio de 1989, tras las protestas de los estudiantes, aún no se ha realizado ninguna investigación pública sobre los homicidios cometidos.

Continúan encarcelados millares de presos políticos arrestados en la represión posterior a la matanza y sometidos a unas condiciones de priación de libertad muy duras, que en algunos casos incluyen torturas, informa AI.

Entre éstos, figuran 171 casos de presos políticos encerrados en la granja de Qinghe, un enorme complejo penitenciario de granjas y fábricas en Chadias, a unos 130 kilómetros al sureste de Pekín, así como otros 35 presos políticos internos en la prisión número 2 de Pekín.

NINGUN AVANCE

A juicio de AI, en China no se ha registro ningún cambio básico en la política gubernamental con respecto a los derechos humanos y iguen siendo generalizadas las detenciones arbitrarias, los juicios sin las garantías debidas y las torturas, además de aplicarse la pena de muerte de forma muy amplia para gran cantidad de delitos.

AI ha solicitado a las autoridades que abran una investigación y den cuenta de todas las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, a fin de que se compense a los familiares y se ponga a disposición de la justicia a los responsables.

"Muchas de esas personas", señala el informe, "fueron víctimas de ejección extrajudicial y sus familiares aún esperan que el Gobierno reconozca que no eran alborotadores, como en aquellos momentos se dijo".