La concentración, a la que asistieron trabajadores llegados de todo el Estado, coincidió con el cierre, durante el día de hoy, de la práctica totalidad de los 700 centros que existen en España, a excepción de unos 25 de Cataluña regentados por órdenes religiosas, según la CEEI.

Provistos de numerosas pancartas con frases tales como "Limosna, no. Justicia par los más pequeños" o "Mis papás no tienen sueldo de ministra", los asistentes reclamaron entrevistarse con la responsable del departamento, Matilde Fernández, pero, en su ausencia, accedieron a hacerlo con el director general de Protección Jurídica del Menor, Juan Mato.

Según explicaron fuentes del ministerio a Servimedia, el conflicto ha surgido después de que la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, que agrupa a los consejeros de las comunidades autónomas y a la Administración central, celebrad el pasado 5 de febrero, decidiera llamar a los representantes de las guarderías para negociar cómo se sustituía la subvención de 1.401 millones recibida en 1991 por otro tipo de ayudas.

La razón de esa modificación en la política de apoyo a la educación infantil reside en la aprobación, desde hace 3 años, de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (Logse).

Según la Logse, la Administración garantizará la enseñanza infantil de 0 a 6 años. En la actualidad, el Ministerio de Eduación se hace cargo del colectivo infantil de 3 a 6 años, mientras que Asuntos Sociales se responsabiliza del tramo 0-3 años.

50.000 NIÑOS

Los centros privados agrupados en la CEEI, que atienden en la a unos 50.000 niños y dan trabajo a cerca de 9.000 personas, según la coordinadora, fueron constituídos para facilitar la integración laboral de las mujeres con hijos menores de 6 años, "hasta que no sean una realidad social las escuelas infantiles", según el decreto de creación.

El problema se plntea ahora cuando, junto a una red no pública representada por la CEEI, el Ministerio de Educación está ampliando la oferta educativa a los colectivos de 6 años (cubre el 100 por cien), 5 años (más del 90 por cien) y, sólo en 1991, ha creado 30.000 plazas para niños de 4 años.

El director general de Protección Jurídica del Menor declaró, tras reunirse con la delegación de la CEEI, que ambas partes se habían dado de plazo hasta finales de marzo para tratar de solucionar el problema de modo definitivo. Asuntos Sociales ofreció a la coordinadora financiar la educación de 0 a 3 años y buscar soluciones "no traumáticas" para el tramo de 3 a 6 años.

Juan Mato aseguró, en declaraciones a los medios de comunicación, que las administraciones tendrán en cuenta el grado de cobertura de la red pública a la hora de decidir las ayudas para aquellos centros privados que atienden niños de 3 a 6 años.

Por su parte, Manuel Hevia, portavoz de la CEEI, consideró que las movilizaciones habían resultado fructíeras porque el responsable de Asuntos Sociales "afirmó que va a considerar soluciones para el 3-6 que no sean traumáticas".

Sin embargo, Hevia afirmó que Juan Mato, "para el 0-3, ofrece lo mismo que en el 91, que supone la mitad de la cuantía que percibíamos, lo cual hace inviables las escuelas y supone el cierre de las mismas".