Este siniestro, uno de los peores accidentes industriales de la historia, causó la muerte a unas 5.000 personas en una noche y de otras 15.000 en las semanas sucesivas.

Pese a que han transcurrido 23 años desde la fuga tóxica, la antigua planta de pesticidas sigue albergando 8.000 toneladas de productos cancerígenos que se filtran y contaminan el suministro de agua de 30.000 habitantes de la zona, según denuncia la organización Sambhavna Trust, dedicada a la ayuda a las víctimas del accidente.

El Ejecutivo indio se comprometió a limpiar el lugar en 2006, pero sigue sin hacerlo al no haber alcanzado un acuerdo con Dow Chemicals, empresa que compró Union Carbide en 2001 y a la que reclama más de 16 millones de euros para el desmantelamiento de la factoría.

Los responsables de Dow Chemicals niegan su responsabilidad en el caso, alegando que la planta se encuentra en terrenos del Gobierno de la India y que por lo tanto le corresponde a éste descontaminarlos.

El Ejecutivo indio suspendió la investigación sobre los efectos del gas en las víctimas hace 14 años sin ofrecer ninguna explicación, y a pesar de que el Tribunal Supremo de aquel país decretó que debía cubrir los gastos médicos de los hijos de los afectados, más de 100.000 de los cuales siguen sin estar asegurados.

Los miembros de la plataforma para la reclamación de indemnizaciones para las víctimas del accidente se proponen nuevas movilizaciones para conseguir compensaciones dignas para los afectados.

Union Carbide llegó a un acuerdo extrajudicial en 1989 por el que pagó una indemnización de 470 millones dólares al Gobierno de la India, una suma que se repartió entre un total de 570.000 personas afectadas, que en algunos casos tan solo percibieron 824 dólares como compensación.