En 1992, la Administración comenzó a realizar los primeros contratos estables a investigadores, y los científicos del CSIC vieron en ellos un primer paso de reconocimiento a su labor. Tras vencer estos primeros contratos, algunos investigadores han comprobado el carácter improrrogable de sus trabajos.

Los firmantes, que pertenecen mayoritariamente a las plantillas del Instituto del Frío, al Centro de Física Molecular Catalán y al Real Jardín Botánico, todos ellos dependientes del CSIC, acusan a este organismo de "despilfarro del dinero empleado para formar a estos científicos".

También señalan que los investigadores españoles "perfeccionan una formación de élite durante diez años que aparentemente su país no necesita para nada", lo que es "reflejo de la situación que sufre la investigación científia en nuestro país".

Por una parte, este centenar de investigadores declara que ha sido norma general, en las últimas dos décadas, favorecer las estancias formativas en laboratorios nacionales y extranjeros mediante becas.

Sin embargo, denuncian también que "nunca se ha definido una carrera científica en España y ésto ha causado una crisis permanente en la contratación de investigadores que se puede documentar desde hace por lo menos quince años".

El salario mensual de un investigador, con un experiencia de seis años tras la licenciatura (varios de ellos becados en algún país extranjero), es de unas 160.000 pesetas.

Investigadores, profesores y colaboradores científicos del CSIC han reclamado una carrera profesional digna y contratos de 5 años renovables con la posibilidad de optar a una plaza de funcionario cuando la edad y el historial del investigador demuestre un grado suficiente de competencia profesional.

En la situación actual, estos científicos consideran que los contratos so "insuficientes económicamente" e "insultantes profesionalmente", al tiempo que critican la "permanente inmadurez y precariedad de la investigación científica en España".