Según Carlos Sánchez, secretario general de la Federación de Administració Pública de CCOO, la marcha de mañana será uno de los mayores, sino el mayor, acto de protesta. Indicó que ayer estaba ya cerrada la contratación de 653 autobuses desde distintos puntos del país, a los que hay que sumar unos 5.000 funcionarios que se desplazarán a Madrid en tren, los que acudan en coche por su cuenta y los participantes madrileños.

La manifestación, que comenzará hacia las once de la mañana, colapsará todo el centro de Madrid, ya que parte de cinco puntos diferentes (Plaza Marqués de erralbo, Puente de Toledo, calle Atocha, calle Princesa y Paseo de la Florida), para confluir en una concentración en la Plaza de España hacia las doce del mediodía.

En la Plaza de España pronunciarán discursos los líderes de varios sindicatos, entre ellos el presidente de CSI-CSIF, Domingo Fernández, y los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y CCOO, Antonio Gutiérrez. Entre sus intervenciones y al término del acto actuará el cantante Loquillo, que cobrará por intervenir.

Sánchez indicóque "Madrid estará mañana invadida por el rechazo de los empleados públicos a la política económica del Gobierno", que, dijo, "ha despreciado el derecho a la negociación colectiva, deprime el empleo y supone una pérdida de poder adquisitivo de las retribuciones de los funcionarios".

El responsable de CCOO y los de UGT, Julio Lacuerda, y de CSI-CSIF, Avelino Montes, que actuaron como portavoces de todos los sindicatos convocantes de las movilizaciones (CSI-CSIF, CCOO, UGT, USO, ANPE, STE's, SUP y UFP) eiteraron la voluntad negociadora de los sindicatos y exigieron la convocatoria de la Mesa General de la Función Pública para "recomponer esta situación".

HUELGA GENERAL

Los representantes sindicales, que expresaron su temor a que en 1998 se vuelva a congelar el sueldo a los funcionarios, dejaron claro que la marcha de mañana no es un acto finalista y anunciaron que habrá una tercera fase de movilizaciones que se decidirán en la 'cumbre' sindical que celebrarán el próximo día 28. "Si el Gobierno no odifica su postura, inevitablemente entraremos en una fase de radicalización del conflicto", apuntó Lacuerda.

No obstante, los sindicatos parece que no quieren "quemar las fuerzas" en una huelga general en la función pública en un plazo breve y estudian convocar una tercera fase de movilizaciones "más originales" que no finalizarán cuando termine el trámite parlamentario de los Presupuestos, sino que se extenderán "hasta la primavera y hasta cuando haga falta".

Según Montes, "la huelga no es un ojetivo ni un plato de gusto para un sindicato, es el último extremo si el Gobierno mantiene su actitud". Agregó que "el Gobierno tiene el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la mano para reconsiderar posturas y corregir errores económicos", como ha hecho en otras ocasiones.

Montes se refirió al conflicto de la mineria del carbón y se preguntó si tiene que haber violencia para que el Gobierno se siente a negociar. Los sindicatos consideran que los últimos datos sobre la economía son muy favorables y noestá justificada una medida "tan brutal" como la congelación salarial. A su juicio, el Gobierno "se ha cebado con los empleados públicos".