La operación fue realizada en colaboración por la Delegación de Gobernación de la Junta de Andalucía en Huelva, la Dirección General de Política Interior y los Servicios de Inspección de Juego del Ministerio de Economía.

Las máquinas estaban instaladas en salones y locales de hostelería de la provincia de Helva. Los permisos de funcionamiento fueron anulados por una resolución del delegado de Gobernación, Carlos Sánchez Nievas.

Esta actuación se inscribe en un Plan de Inspección para 1991 con el que la Junta de Andalucía pretende acabar con la explotación ilegal de máquinas de juego.

La operación se realizó sin ningún incidente. Sólo en un caso la policía nacional tuvo que acompañar a los inspectores de Juego que llevan a cabo el precintado y decomiso de las máquinas.