En una nota de prensa, Jiménez afirma haber tomado esa iniciativa "en nombre del pueblo español y en el mío propio", a fin de que los tribunales investiguen de oficio las informaciones publicadas en los últimos días por diversos medios de comunicación.

Según esas informaciones, la Caja de Ronda habría condonado al partido gobernante una deuda de 311 millones de pesetas, correspondient a tres créditos concedidos por la entidad al PSOE en 1986 para sufragar los gastos de las elecciones autonómicas andaluzas de aquel año.

Esos créditos aparecen en la contabilidad de Caja de Ronda declarados como "fallidos" en noviembre de 1990 y febrero de este año, respectivamente.

"Es mi intención", aseguró hoy Christian Jiménez, "saber con esta denuncia y posterior investigación judicial si existe infracción penal o delito en la actuación de estas entidades y beneficiarios, si ha habido dádivs o cohecho y si este supuesto trato de favor fue recompensado de alguna forma".

El empresario considera que este tipo de actuaciones de la banca pública son "un agravio comparativo y un insulto a todos aquellos ciudadanos que tenemos créditos a intereses altos y normales, y nunca perdonados".

Por su parte, Caja de Ronda niega haber condonado las deudas al PSOE y ayer mismo su presidente, Braulio Medel, afirmó que la entidad "sigue haciendo todo lo posible" por cobrar ese fallido.

"CASO FILESA" Christian Jiménez y la Asociación Contra la Injusticia y la Corrupción (Ainco) presentaron en junio de este año sendas querellas ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el ex responsable de finanzas del Grupo Socialista en las Cortes, Carlos Navarro, y el senador del PSOE Josep María Sala, por su presunta implicación en el "Caso Filesa".

Estas querellas fueron admitidas a trámite por el alto tribunal el pasado 11 de octubre, después de que el día 8 del mismo mes solicitara al Congreso delos Diputados y al Senado sendos suplicatorios para procesar a Navarro y a Sala.

Esta decisión quedó sin efecto al entender la Sala Segunda, previo recurso del ministerio fiscal, que se había precipitado al pedir los suplicatorios antes de admitir oficialmente a trámite la querella.

Por ahora, Navarro y Sala son los únicos procesados en la presunta red de financiación ilegal del PSOE, que se nutría de los beneficios de las empresas Filesa, Malesa y Time Export, propiedad de Alberto Flores, herman de la responsable de Relaciones Internacionales del PSOE, Elena Flores.

Navarro aparece como "cerebro" de las actividades de estas tres firmas, que elaboraban informes técnicos para grandes empresas por los que cobraban cantidades que luego eran depositadas en compañías fiduciarias de Suiza.