En su escrito de denuncia, Jiménez pide también que se investiguen las cuentas bancarias de UGT y filiales, así como los ingresos que pudiera haber percibido de empresas públicas.

También solicita que se requiera a Cajamadrid para que informe sobre el estado de los créditos concedidos a la central socialista, que, según el denunciando, "se encuentran en situación de incobrables, perdonados o fallidos". Esta informción, según Jiménez, le fue facilitada en una reunión con concejales del Partido Popular.

Paulino Barrabés, es secretario de Finanzas de UGT, se encuentra desde ayer en libertad bajo fianza de medio millón de pesetas, tras prestar declaración ante el juez de Delitos Monetarios de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras, sobre las irregularidades detectadas en Enatcar (Empresa Nacional de Transportes por Carretera).

También declaró ayer ante el juez Apolinar Rodríguez, secretario de Acción Sindicalde la Ejecutiva Confederal de UGT, que quedó en libertad sin cargos.

El juez de Delitos Monetarios considera que Paulino Barrabés pudo haber cometido delitos de malversación de fondos públicos, falsificación de documentos, amenazas y coacciones.

El ex presidente de Enatcar Julio Soto Jiménez declaró anteriormente ante el juez que la empresa había pagado a la central socialista 14,5 millones de pesetas, a través de Fundescoop -fundación de la que es presidente Barrabés- por un informe inexistente. En su denuncia, Christian Jiménez agrega que, al parecer, el ex ministro de Transportes, José Barrionuevo, sustituyó al entonces presidente de Enatcar, al denunciar presuntas irregularidades.

Jiménez pide al juzgado que requiera a UGT para que aporte la relación de ingresos que por servicios a empresas y bancos públicos ha percibido, tanto a través de la central como de sus filiales. A juicio del constructor, "UGT ha sido financiada ilegalmente por este sistema, similar al 'caso Filesa'".

Tabién demanda la declaración de los denunciados y del ex presidente de Enatcar Julio Soto, este último en calidad de testigo, así como de otro presidente de la empresa pública de transportes, Rafael Ortega, "que fue destituido al conocerse que una filial de Enatcar había comprado 80 autocares con un sobreprecio de 350 millones".

Exige además que se recabe información de todas las operaciones bancarias realizadas por UGT que hayan supuesto transferencias nacionales o internacionales, abonos en cuenta o ngresos indirectos procedentes de empresas y organismos públicos.

Christian Jiménez también quiere que declaren ante el juez el presidente de Cajamadrid, Jaime Terceiro, y los consejeros del PP en esta entidad Isaac Ramos, Ignacio Echeverría y Fernando López Amor.