El Ejecutivo trabaja en tres líneas de actuación: obligar a las empresas de más de 50 trabajadores a contratar personal discapacitado -o, en su defecto, imponer medidas alternativas en favor de este colectivo-, y regular dos nuevos sistemas de empleo para personas con minusvalía, que son el enclave laboral y el empleo con apoyo.

Chozas compareció esta tarde en la Comisión e Política Social y Empleo del Congreso de los Diputados, donde alabó el "alto nivel" de aplicación del acuerdo suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con el Comité Español de Representantes de Minusválidos (CERMI).

Así, en relación con la normativa que obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a tener en sus plantillas un 2 por ciento de trabajadores discapacitados (lo que actualmente se incumple), Chozas aseguró que se pretende hacer cumplir esta legislación y, en su defect, obligar a las empresas a realizar acciones alternativas en apoyo al colectivo discapacitado.

Entre estas opciones estaría la de obligar a las empresas que no contraten discapacitados a que compren una parte de sus productos, o encarguen parte de su producción, a un Centro Especial de Empleo (CEE), caracterizado precisamente por tener una plantilla con un alto porcentaje de discapacitados.

En cuanto al enclave laboral, se trata de instalar en empresas ordinarias un grupo de producción en el que esarrollen su labor discapacitados procedentes de un CEE.

Finalmente, el empleo con apoyo se refiere a que el personal minusválido cuente con un instructor especial en su trabajo, que le ayude a desarrollar con eficacia su labor.

Los tres proyectos están actualmente en consultas con los servicios jurídicos del ministerio y con los agentes sociales para debatir sobre su viabilidad. El objetivo es llevarlos adelante en un periodo lo más breve posible.

Por último, Chozas subrayó que el Gobiernopretende también abordar la modificación normativa de los centros ocupacionales para permitir la comercialización de los productos elaborados por ellos e impulsar el acceso al empleo público de los trabajadores con discapacidad.

La comparecencia del secretario de Empleo fue solicitada por el grupo parlamentario de CiU. El diputado de esta coalición Carles Campuzano acusó al Gobierno de negociar sus propuestas sólo con las asociaciones que forman parte del CERMI y obviar al resto, lo que Chozas negó, airmando que el ministerio debate todas sus propuestas con los miembros de CERMI y también con otros sectores del asociacionismo y de las empresas.