Según el informe "Condenas a muerte y ejecuciones en 2008" de AI, estas penas de muerte se ejecutaron en 25 países y al menos 8.864 personas fueron condenadas a muerte en un total de 52 estados.

Además, Amnistía reseña casos de condenas de muerte en juicios injustos en Afganistán, Arabia Saudí, Irán, Iraq, Nigeria, Sudán y Yemen.

El informe subraya la forma discriminatoria en que se aplicó la pena de muerte el año pasado, ya que hubo un número desproporcionado de condenas a personas pobres y a miembros de minorías y comunidades raciales, étnicas y religiosas en países como Arabia Saudí, Estados Unidos, Irán y Sudán.

Asimismo, recuerda que persiste el riesgo de ejecutar a inocentes, como cuatro condenados a muerte que fueron excarcelados en Estados Unidos al haberse demostrado su inocencia.

AI señala que muchos condenados a muerte viven en duras condiciones de reclusión y soportan penalidades psicológicas. Por ejemplo, en Japón es habitual no informarles de su ahorcamiento hasta la misma mañana en que se lleva a cabo y a sus familias no se les comunica hasta que ya ha tenido lugar la ejecución.

El estudio destaca que la mayor parte del mundo avanza hacia la abolición de la pena de muerte, pues sólo se registraron ejecuciones el año pasado en 25 de los 59 países que la mantienen.

Por contra, San Cristóbal y Nieves registró la primera ejecución llevada a cabo en América fuera de Estados Unidos desde 2003, y Liberia reintrodujo la pena de muerte para los delitos de asalto, terrorismo y secuestro de vehículos.

La secretaria general de AI, Irene Khan, aseguró que "la pena de muerte es la forma más extrema de castigo cruel, inhumano y degradante. Las decapitaciones, electrocuciones, ahorcamientos, administraciones de inyecciones letales, fusilamientos y lapidaciones no tienen cabida en el siglo XXI".

"La buena noticia es que sólo llevaron a cabo ejecuciones un pequeño número de países, lo que muestra que estamos más cerca de conseguir un mundo sin pena de muerte", manifestó Khan.