El informe de AI pretende demostrar que los ciudadanos chinos son "presuntamente culpables" ante sus autoridades y que éstas saca las confesiones mediante la tortura, una práctica "sistemática" en ese país.

Uno de los peores aspectos del abuso de las autoridades, según AI, es el uso generalizado de los malos tratos por los funcionarios policiales. "Entre las víctimas hay personas que no son sospechosas de ningún delito, sino que se han visto involucradas en peleas con funcionarios o han intentado defender sus derechos", señala el informe.

Aministía ha destacado que en China, las reformas económicas no han ido acompañadas d reformas esenciales en el ámbito de los derechos humanos. "La dura realidad es que la represión ha aumentado en los últimos años y que el gobierno continúa reprimiendo de forma brutal todo lo que percibe como una amenaza al orden establecido", ha manifestado Pierre Sané, secretario general de AI.

Sané ha acusado a los funcionarios chinos que permitir que continúe la tortura, utilizar la pena de muerte para resolver los problemas sociales, reprimir brutalmente a los grupos étnicos que piden mayor indeendencia y detener a miles de personas cada año sin acusarlas de ningún delito.

El informe dedica uno de sus capítulos al Tibet, que atestigua miles de detenciones de budistas de todas las edades, desde los 13 a los 83 años, encarcelados por actividades como desplegar la bandera nacional tibetana, estar en posesión de libros sobre el Dalai Lama o lanzar gritos independentistas.

"La represión de la disidencia y el abuso de la ley en China están quedando en segundo plano ante la ambición por explotr su mercado incipiente, el mayor del mundo", insiste finalmente AI en su informe.