Esta ha sido la respuesta de China a la comisión rogatoria cursada por el juez Pedraz a las autoridades judiciales del país, en la que pedía permiso para interrogar en calidad de imputados a tres ministros chinos y a cinco altos cargos del Gobierno acusados de delitos de lesa humanidad por la represión en El Tíbet.

La respuesta de China es rotunda. Además de pedir la intervención del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el régimen comunista deniegan "con toda firmeza" cualquier tipo de ayuda judicial al juez Pedraz, según señalaron fuentes de la Audiencia Nacional.

Las autoridades chinas tildan de "falsa" la querella presentada por el Comité de Apoyo al Tíbet y aseguran que la investigación del juez Pedraz "ha violado los principios básicos de la jurisdicción y la inmunidad de Estado que el derecho internacional establece".

Además, en su respuesta, que ha sido tramitada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, asegura que la investigación de Pedraz no está respaldada por el Tratado de Asistencia Jurídica de Material Penal firmado por España y China.

LESA HUMANIDAD

En concreto, el juez solicitó permiso para interrogar como imputados al ministro de Defensa, Lian Guanglie; al ministro de de Seguridad del Estado y viceministro de Seguridad, Geng Huichang; y al ministro de Seguridad Pública y miembro del Comité Central del Partido Comunista Chino, Meg Jianzhu.

Pedraz también pidió interrogar como imputados a Zhan Qingli, secretario del Partido Comunista Chino en la Región de Autónoma de El Tíbet; a Wang Lequan, miembro del Politburó en Pekín; a Li Dezhu, líder de la Comisión de Asuntos Étnicos; al general Tong Guishan, comandante del Ejército de Liberación Popular de Lhasa; y al general Zhan Guihua, comisario político del comando militar de la región china de Chengdu.

La querella se centra en la represión ejercida por China en El Tíbet a partir del 10 de marzo de 2008, en el marco de las revueltas independentistas que tuvieron lugar en los meses anteriores a la celebración de los Juegos Olímpicos de Pekín.

"Las autoridades políticas y militares chinas dirigieron un ataque generalizado y sistemático contra la población civil tibetana causando, al menos, 203 muertos, mas de 1.000 lesionados y 5.972 detenidos ilegales y desaparecidos", destacaba el escrito de los querellantes.