Fuents de la fiscalía informaron a Servimedia de que el fiscal del caso, Ignacio Peláez, pedirá que se decrete secreto el resultado de la comisión rogatoria y los datos en ella recogidos para evitar así la filtración de algún dato. En este sentido, Washington ya avisó que dejará de colaborar si sale a la luz pública algún detalle de la investigación.

García Castellón y el propio Peláez viajaron la pasada semana a Washington (Estados Unidos) para recabar información sobre supuestos actos delictivos cometido por militares cercanos al ex dictador chileno Augusto Pinochet.

El juez recopiló datos facilitados por la fiscalía de los Estados Unidos, que han surgido de las investigaciones que han tenido lugar en ese país. El pasado 3 de diciembre, la fiscal Janet Reno envió a García Castellón la conformidad para poder incorporar al sumario español datos recogidos por la justicia norteamericana.

Además, el juez interrogó a varios testigos que tuvieron que abandonar Chile tras el golpe de Estado de Pinochet.La identidad de éstos no ha sido revelada, pero se sabe que uno de ellos colabora actualmente con el FBI.

Los otros tres son ex militares que trabajaron a las órdenes de Pinochet y que, tras confesar sus crímenes ante la justicia de Estados Unidos, este país les concedió una nueva identidad. Al parecer los testigos fueron condenados por el asesinato en Washington, en 1976, del diplomático chileno Orlando Letelier.

No obstante, el juez García Castellón no pudo concluir toda la investigación en Estdos Unidos ya que no tomó declaración a uno de los principales informantes: Michael Townley, un mercenario norteamericano que trabajó para Pinochet y en cuyo domicilio tuvo lugar supuestamente la tortura y posterior asesinato del funcionario español de la ONU Carmelo Soria.

El juez dejó una lista de casi doscientas preguntas que le serán transmitidas a Townley por la fiscalía norteamericana y luego enviadas a España.

En los próximos días el juez decidirá si decreta o no el secreto para esta parte e un sumario sobre el que pesa también la cuestión de incompetencia de la justicia española para juzgar estos crímenes.