En el escrito, al que ha tenido acceso Servimedia, el fiscal Ignacio Peláez ratifica la posición yamostrada con anterioridad por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, e insta al juez para que deje la investigación y sea la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la que finalmente decida sobre la competencia de la justicia española para instruir este sumario.

El fiscal sigue las instrucciones recibidas del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, quien limitó la investigación sobre los crímenes cometidos durante la dictadura chilena a los supuestos actos de terrorismo cometidos a partir de 1985,fecha en la que entró en vigor el nuevo Código Penal en España.

"La posible competencia viene determinada por el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que entró en vigor en julio de 1985, por lo tanto, sólo se podría entrar a enjuiciar los hechos sucedidos con posterioridad a dicha fecha, y los hechos a los que se refiere la causa son de 1973 a 1990", señala el escrito del fiscal.

Además, Peláez niega al juez García-Castellón la posibilidad de resolver la petición de realizadapor la acusación particular en el sentido de procesar a Augusto Pinochet y dictar contra él una orden internacional de búsqueda y captura.

COSA JUZGADA

El fiscal apunta en su escrito que, de acuerdo con la documentación con que se cuenta en el sumario, los supuestos hechos delictivos ya han sido juzgados en Chile y sobre otros se encuentran abiertos varios procedimientos, como el de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile, que estudia dos querellas contra Pinochet por homicidios múltiples y secestros.

Sobre el caso del español Carmelo Soria, que desapareció al parecer víctima de la dictadura, el fiscal argumenta que su caso ya fue estudiado en Chile y se archivó definitivamente, y finaliza apuntando que "todo pone de manifiesto que por parte de los gobiernos democráticos chilenos posteriores al periodo de la Junta Militar no han cerrado la posibilidad de exigir responsabilidades penales por los hechos que dieron lugar a la apertura de la causa".

Finalmente, el fiscal concluye que las cmisiones rogatorias enviadas a Chile y Estados Unidos no han aportado datos nuevos a la investigación, puesto que, además, en el primer caso no ha sido contestada y en el segundo, el principal testigo a interrogar en Washington (Michael Towley), se acogió a su derecho a no declarar.

Por todo ello, el ministerio fiscal solicita a García-Castellón que dicte auto de conclusión de sumario para que sea la Sala de lo Penal de la Audiencia la que tome una decisión definitiva. Esta Sala ya ha anunciado que sereunirá en pleno, por lo que serán al menos 12 los magistrados que estudien la competencia de la justicia española para instruir este sumario y también el abierto por el juez Garzón en el caso de los desaparecidos en Argentina.

Fuentes judiciales informaron a Servimedia de que en los próximos días el juez seguirá las instrucciones de la Fiscalía y elevará el asunto a la Sala de lo Penal.