El escrito, firmado por el fiscal Ignacio Pelaez y ratificado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Edardo Fungairiño, responde al auto hecho público la semana pasada por el juez Manuel García-Castellón, en el que éste asumía la competencia para investigar la desaparición de miles de personas durante la dictadura chilena, entre ellos varios españoles.

La Fiscalía de la Audiencia, que sigue las instrucciones que en su día le transmitió el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, rechaza que se puedan perseguir delitos que no estaban previstos en la legislación española hasta que entró en vigor la actal Ley Orgánica del Poder Judicial, en 1985, y destaca que la mayoría de los hechos aquí enjuiciados sucedieron antes de esa fecha.

Por ello, rechaza uno a uno la existencia de los delitos de genocidio, terrorismo y torturas durante la dictadura de Pinochet y, aun en el caso de aceptar que estos pudieran haber sido ciertos, subraya la incapacidad de la justicia española para juzgar estos hechos.

Sobre el genocidio, asegura que los desaparecidos no componían un grupo ideológico o racial concreto, ientras que sobre el terrorismo asegura que España no puede conocer de estos delitos cuando se producen en el extranjero.

Por otra parte, respecto al supuesto delito de torturas, el fiscal recuerda que en Chile, en el momento actual, "hay abiertos varios procedimientos judiciales" y la justicia española no debe entrometerse en esta cuestión. Además, apunta que algunas de las investigaciones española se refieren a "cosas juzgadas" ya por los tribunales chilenos.

Finalmente, la Fiscalía duda de la fectividad de volver a pedir a Chile documentación referida a estas cuestiones y recuerda la negativa reiterada de las autoridades del país andino para remitir datos de la etapa dictatorial. Además, el fiscal muestra su desagrado porque el juez no considere suficientes los documentos aportados a la causa por la propia Fiscalía.