El fiscal Ignacio Peláez considera que en este caso tod la investigación abierta en la Audiencia Nacional por el juez Manuel García-Castellón se ha realizado sobre cuestiones que ya han sido juzgadas, e insiste en la falta de competencia de la justicia española para juzgar delitos no cometidos por españoles.

El informe, al que ha tenido acceso Servimedia, apunta que los tribunales españoles no pueden juzgar los delitos de genocicio, terrorismo y torturas -en caso de que existan- cometidos por ciudadanos sin nacionalidad española fuera de las fronteras de uestro país.

En el caso del delito de terrorismo, el fiscal dice que "cuando estamos ante una organización nacida en el seno del propio Estado (...), no es fácil hablar de terrorismo desde el punto de vista estrictamente jurídico, por más que vulgarmente se hable de terrorismo de Estado y tales conductas puedan legítimamente catalogarse como terrorismo de Estado".

Aun aceptando que pueda existir este delito, insiste el fiscal, tampoco sería competencia de la jurisdicción española, de acuerdo con o que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial que entró en vigor en 1985, que rechaza la posibilidad de perseguir delitos en el extranjero que no hayan sido cometidos por ciudadanos españoles.

COSA JUZGADA

La Fiscalía considera que toda la investigación que se inició en España "no sólo ya se ha juzgado en Chile, sino que además existen en este momento procedimientos penales en curso por estos mismos hechos".

El informe relaciona las supuestas actividades delictivas que se investigan en Espña y las compara con las resoluciones judiciales que han tenido lugar en Chile, para llegar a la conclusión de que, o bien se trata de hechos ya juzgados, o bien se enmarcan en la Ley de Amnistía aprobada por las autoridades chilenas.

Finalmente, el fiscal pide a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que proceda al sobreseimiento de la causa e incluso que, en cumplimiento de los acuerdos bilaterales con Chile (en materia de justicia), se informe a este país de los datos con los que se cuenta enEspaña, por si pudieran ser útiles en procedimientos penales que se sigan en Chile.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional deberá decidir ahora sobre la competencia de la justicia española para seguir con la investigación, o bien si se debe cerrar definitivamente el sumario.