Asimismo, acusa a la empresa de utilizar "métodos subersivos, que no sólo van en contra de la legislación vigente en publicidad, sino que tratan de conseguir la notoriedad de un producto a través de bombas publicitarias escandalosas, sin tener en cuenta las repercusiones sociales de las mismas".

Según el Instituto de la Mujer, "no puee seguir repitiéndose la circunstancia de que nombres comerciales oculten quién está detrás de delitos tan graves".

Este organismo ha vuelto a pedir a los consumidores que apliquen el boicot al consumo de productos que vulneran la dignidad del ser humano y fomentan el desprecio sexista y "mezquino" hacia las mujeres.

Por su parte, la Federación Unión Cívica Nacional de Consumidores y Amas de Hogar de España (UNAE) se ha sumado a las críticas contra este producto, por considerar que, "además de inciar a los niños en la pornografía puede suponer un riesgo para la salud al tener que chupar la citada pegatina".

La UNAE ha pedido la inmediata retirada de la venta de los chicles y ha pedido a las autoridades sanitarias que analicen las sustancias que impregnan la pegatina, para determinar si existen riesgos para la salud.