La declaración, realizada en la capital de Extremadura por los mandatarios de las tres comunidades autómomas gobernadas por el PSOE (José Bono, Juan Carlos Rodriguez Ibarra y Manuel Chaves), reza como sigue:

"En nuestra opinión, la Constitución ha servido para hacer de España un país más moderno y más juto, y un modelo de convivencia entre los españoles, sólo enturbiado por el terrorismo de ETA. Con este marco hemos progresado como personas y como pueblos. Asimismo, hemos sido capaces de combinar el desarrollo de territorios como Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, secularmente abandonados, con la satisfacción de los legítimos deseos de los diferentes pueblos de España de conservar sus lenguas, culturas, derechos y sus particulares instituciones.

No estamos dispuestos a que nuestro silencio os haga cómplices de procesos que marginen a nuestros territorios. Como presidentes de tres comunidades autónomas vamos a defender los intereses que representamos, que no son diferentes de los de España.

Con la inmensa mayoría de los españoles, y en representación de nuestros pueblos, nos congratulamos de la oferta de ETA, en forma de "tregua indefinida", en sus actividades criminales. Vemos la novedad del carácter "indefinido" como un alivio y una esperanza, ante la cual los demócratas debemos de reacionar con serenidad, con firmeza y con unidad, afirmando nuestra permanente voluntad de una paz definitiva, de un cese total e incondicional de una violencia injustificable.

Apoyamos con firmeza al Gobierno de España para que dirija el proceso que conduce a la paz. Pero con la misma firmeza creemos que nada más debe negociarse al respecto; que la paz es una exigencia legítima de todos los ciudadanos que no debe suponer contrapartidas políticas. Por eso no aceptamos la idea de conceder ventaja polític alguna, porque sería la peor amenaza para la convivencia. Legitimar la violencia en democracia nos depararía un futuro incierto ante nuevos brotes de actividad violenta. En consecuencia, exigimos de los demócratas, de derecha o de izquierda, nacionalistas o no, respeto a las normas del juego que nos hemos dado, incluso para cambiarlas en el caso de que alguno desee hacerlo.

La confusa declaración de separar las reivindicaciones políticas de algunos partidos nacionalistas de las conversaciones para elcese definitivo de la violencia terrorista, debe convertirse en un firme posición, propia de cualquier demócrata que no puede aparece ante la opinión pública mezclando sus aspiraciones con las de los que practican el terror. La Constitución misma, con su vocación incluyente y no excluyente, admite todas las posiciones que se expresen pacificamente, comprendidas aquellas que contradigan su contenido; por eso, nada explica la violencia cuando las aspiraciones pueden expresarse en paz.Hoy, cuando se empezba a superar el nacionalismo español de caracter excluyente, vemos con preocupación las posiciones nacionalistas que cuestionan la cohesión garantizada en la Constitución y niegan la soberanía de los españoles en su conjunto.

Coomo representantes de más de 10 millones de españoles, defendemos la cohesión social y la solidaridad territorial. La paz no es sólo el silencio de las armas; la paz es también la paz social, el equilibrio entre sus territorios y la garantía de igualdad de derechos y oportunidaes en cuestiones básicas (educación, sanodad, bienestar social etc.) para mantener así, la cohesión entre los españoles vivan donde vivan.

Dentro de la unidad política de España, en la que nuestra Constitución reconoce los hechos diferenciales, los sistemas particulares de financiación y las diferentes vías de acceso al autogobierno, no existe un derecho natural, ni previo ni posterior a la Constitución, que pueda ser invocado par justificar privilegios entre los territorios o desigualdad entre los esañoles. En este sentido, todas las comunidades autonomas tienen el derecho a los niveles de autogobierno y competencias a que aspiren dentro de lo que la Constitución admite.

Estamos organizados políticamente como pueblos y no sólo tenemos derecho a pronunciarnos como comunidades autónomas de todo el Estado, sino que tenemos el deber de hacerlo. Para poder reflexionar en conjunto, los presidentes de Andalucía, Castilla-la Mancha y Extremadura pedimos la convocatoria de la Comisión General de la Comuniades Autómomas del Senado y la comparecencia del presidente del Gobierno de España para debatir sobre estos importantes asuntos.