Según dijo el presidente andaluz, tras la intención de la UE de penalizar el cultivo del algodón, el Gobierno del PP "dictó una norma que protegía los intereses de los grandes propietarios del algodón", mientras que la Junta "corrige esta norma protegiendo los intereses de los pequeños propietarios".

En opinión de Chaves, la norma dictadapor el Gobierno central "es la que provoca el conflicto". Tras ello, Andalucía dictó otra norma, que el Ejecutivo de Madrid considera "ilegal" por estar fuera de sus competencias.

Sin embargo, ambas normas son luego tenidas en cuenta y son las que permiten llegar a un acuerdo y regir la siembra actual y la de la próxima campaña.

Chaves resalta que no se ha producido un conflicto entre el Gobierno central y el andaluz, sino entre Madrid y los algodoneros, "que la Junta ha tratado de solucionar y aortunadamente así ha sido".

En opinión del presidente andaluz, "este conflicto se podía haber solucionado antes. Ha habido una cerrazón del ministerio durante mucho tiempo, ya que podía haber flexibilizado su posición mucho antes y no haberse quedado en la defensa de los grandes propietarios".