La consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, explicó durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno regional que la previsión es tramitar en el Parlamento la futura Ley Andaluza del Agua durante 2009.

El texto incluye 97 medidas, planes y proyectos en torno a cinco ideas fundamentales: una gestión comprometida con las generaciones futuras; un uso sostenible y con garantía del agua; una administración hidráulica más moderna y eficaz; una participación activa de la sociedad, y un nuevo régimen económico y financiero para un uso responsable del recurso.

El objetivo principal es "fomentar la participación y la presencia de los agentes económicos y sociales en la gestión del agua", subrayó Castillo, quien insistió en que la Junta pretende además "fomentar el uso adecuado de los recursos, incentivar el ahorro y gravar el derroche".

Entre las medidas más destacadas, el texto fija el horizonte del año 2015 para completar el proceso de modernización de toda la superficie regable de Andalucía y plantea la creación del Banco Público del Agua, "una iniciativa pionera que permitirá abordar la reasignación de las concesiones de agua", destacó la consejera.

Esta herramienta, que se definirá en la futura ley autonómica, permitirá adquirir el recurso en zonas excedentarias para emplearlo en otros usos, siempre con prioridad para atender demandas de interés general y situaciones de sequía.

Otras previsiones recogidas son la delimitación de las zonas inundables en un plazo de cuatro años; la gestión homogénea de las aguas subterráneas y superficiales para garantizar la unidad del ciclo hidrológico, y la creación del Observatorio Público del Agua, que permitirá establecer estándares de calidad sobre el servicio que se presta a los usuarios.

El documento apuesta además por abordar una modernización del régimen económico y financiero del agua para garantizar los principios de equidad, eficiencia, calidad, responsabilidad medioambiental y transparencia, así como para incorporar el criterio de recuperación de costes, previsto en la legislación comunitaria.

Para ello, el Acuerdo establece que todos los usuarios deberán contribuir a la financiación de los gastos de gestión del agua de forma equitativa y proporcional a los servicios recibidos, con fórmulas como la facturación por consumo en lugar de por superficie.

Las bases del documento fueron aprobadas el pasado 5 de diciembre por el Consejo Andaluz del Agua, máximo órgano de consulta y participación social en la materia, tras más de dos meses de debate y reflexión entre los agentes económicos y sociales, con participación de expertos y científicos, en torno a los distintos aspectos de la gestión del agua, su administración y su financiación.