A su juicio, el cruce de acusaciones por culpa de la sequía es estéril, ya que el problema que deben afrontar las instituciones es el de alcanzar un acuerdo sobre la construcción de las plantas desaladoras.

En este sentido, aseguró que el Ministerio de Obras Públicas asumirá el coste de la inversión inicial, a cambio de que la Junta de Adalucía subvencione el precio del agua y los ayuntamientos se responsabilicen de la gestión de las plantas en aquellos años en los que se vayan a utilizar.

Por otra parte, Chaves negó que se sienta presionado por el sector guerrista del PSOE para plantear un cambio en su Gabinete a partir del mes de septiembre.

Igualmente, insistió en su voluntad de negociar los presupuestos de la Junta para 1996 con todas las fuerzas polìticas sin excepción, "salvo que quieran excluirse", y negó que el desmantelmiento del comando de ETA en Mallorca haya puesto de manifiesto un salto cualitativo en la estrategia de la banda terrorista.

En su opinión, los miembros de la Familia Real, los del Gobierno y los presidentes autonómicos son "objetivos potenciales de los etarras".