El 28 de marzo de 1990 el Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid admitió la querella, interpuesta a causa de la muerte por infarto de un interventor a la puerta de un botiquín (el de la estación de Atocha), que funcionaba sólo en días alternos a causa de una decisión tomada por la empresa en 1987.

Previamente, el cierre había sido deunciado ante la Inspección General de Trabajo, que decretó la inmediata reapertura del botiquín. Según la CGT, la dirección de Renfe "no atendió al requerimiento de la Inspección de Trabajo, lo que motivó una segunda denuncia, un segundo requerimiento de la Dirección de Trabajo y una sanción de 500.000 pesetas".

En opinión de la CGT, la querella contra el ex ministro de Sanidad y otros seis altos cargos de la compañía ferroviaria "se encontraba paralizada, en la práctica, por la condición de ministro el principal encausado, Julián García Valverde".

El cargo de ministro implica disfrutar de un fuero especial, en virtud del cual cualquier asunto judicial sobre esa persona sólo puede competer al Tribunal Supremo.