Los nuevos ponentes serán los vocales José Antonio Ballestero y Enrique Lucas, que tienen un par de semanas para poner a punto un nuevo informe. El realizado por Cuesta, de 98 páginas, avalaba en términos generales la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez, que consideraba un instrumento normativo adecuado para garantizar el derecho a la vivienda.

Según Cuesta, el anteproyecto de ley era un marco legislativo adecuado para garantizar el cumplimiento del derecho a la vivienda en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos, con independencia de que sean las comunidades autónomas las que tenga atribuida esa competencia.

En este punto radica el principal argumento de los 15 vocales que han votado en contra de su aprobación, que no comparten la idea de que el Estado pueda legislar sobre una materia que es competencia de las comunidades autónomas.