Según esa resolución del máximo órganismo judicial, el uso del catalán en cuestiones jurídicas no debe suponer un retraso en la eficacia de los tribunales.

El pronunciamiento del CGPJ responde a una denuncia que formuló Francesc Ferrer, senador del PSC-PSOE, por la paralización de una actuación judicial en el jugado de Instrucción de Sant Feliu de Guíxols (Barcelona), a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tradujera la documentación, presentada en catalán.

El informe del Consejo General del Poder Judicial manifestó que la actitud adoptada por el juez de Sant Feliu de Guíxols se podría entender como "una violación de los derechos fundamentales de igualdad y de tutela judicial efectiva".

Para este alto organismo judicial, esperar a que se traduzca la documentación "es siempre un tempo de espera adicional con la que carga el ciudadano que utiliza la lengua catalana".

Según la misma resolución, "los particulares tienen derechos lingüísticos en sentido propio ante las entidades públicas" y "los funcionarios carecen ante los administrados de un derecho subjetivo de este tipo".