El anteproyecto de ley que regulará la orden europea de detención y entrega prevé que todas las personas que sean detenidas por estar reclamadas por la justicia de otro país de la Unión Europea ingresen automáticamente en prisión provisional por orden judicial hasta que sean entregadas al país que las reclama.

Dicho texto señala que "tan pronto la persona detenida sea puesta a disposición de la autoridad judicial, ésta elevará la detención a prisión provisional a efectos de su entrega" al juez que ha ictado la orden de búsqueda y captura.

Sin embargo, el máximo órgano de gobierno de jueces y magistrados considera que no puede decretarse la prisión provisional de una persona detenida sin que ésta sea oída antes por un magistrado.

En este sentido, el CGPJ propone al Gobierno de José María Aznar que modifique el citado anteproyecto de ley, de modo que la detención se prolongue por 72 horas, al final de las cuales podrá celebrarse una audiencia en la que el juez correspondiente decidirá si el arrstado debe permanecer en prisión hasta su entrega o quedar en libertad, aunque con medidas cautelares.

De hecho, recuerda que la prisión automática de un detenido sobre el que pese una orden europea de detención no está prevista en el acuerdo por el que el Consejo de la Unión Europea aprobó la euroorden. Dicho texto establece que será una autoridad judicial la que decida si la persona arrestada debe permanecer en prisión hasta ser entregada al país requiriente.