Así consta en el informe de situación del Libro Blanco de la Justicia, presentado hoy en un encuentro con periodistas por el vicepresidente del Poder Judicial, Luis López Guerra, coincidiendo con el cumpimiento del primer año de la publicación de este libro, calificado como "el programa de gobierno" de los jueces.

"El CGPJ no puede apoyar subidas que no estén comprometidas con la mejora de la Justicia", insistió el vocal del CGPJ Ramón Saéz Valcarcel, quien también participó en el encuentro, donde quiso puntualizar que fueron las asociaciones de jueces las que propusieron la subida salarial que ahora se recoge.

En este sentido, los miembros del Poder Judicial rechazaron que la propuesta de subid se refiera a un incremento lineal de los salarios y sí insistieron en que de lo que se trata es de implantar un sistema de módulos para controlar el correcto funcionamiento de la oficina judicial y el número de sentencias, autos, recursos o procedimientos que se pueden dar salida dentro del trabajo de la misma.

De esta manera, se fija en 1.650 horas (puntos) el mínimo que debe cumplir el juez, por lo que todo el esfuerzo por encima de esta cantidad sería abonado a final de año a razón de 7.000 peseta el punto -para los jueces de más categoría-, y 5.000, 4.000 y 3.500 para las siguientes.

Esto podría suponer en algunos casos subidas anuales cercanas a los tres millones de pesetas, siempre respetando unos límites que fija el propio proyecto.

SIN COORDINACION

El informe elaborado por el Consejo valora positivamente la aplicación del Libro Blanco en su primer año de vida, pero se ciñe sobre todo al trabajo efectuado desde el propio CGPJ.

En este sentido, se subraya un cambio en los método de control estadístico del Poder Judicial -que permita una rápida valoración del trabajo de los jueces-, la modificación del servicio de inspección y su acercamiento a la labor de la justicia y la reforma de la oficina judicial.

Sin embargo, sobre las propuestas que el Libro Blanco realiza al Parlamento y al Gobierno, no existe casi constancia de su cumplimiento y ni siquiera de su evolución, síntoma de una falta de coordinación, según el propio Consejo.

Por ello, Luis López Guerra ironizó sobrela labor de los políticos y dijo que "podían darse un poco más de prisa", a la vez que pidió al Gobierno más competencias para el CGPJ, sobre todo económicas, en cuestiones como la formación de jueces.