Según fuentes de este organismo, el pleno no ha resuelto todavía el expediente disciplinario por entender que necesita conocer con anterioridad el texto de la sentencia de la Audiencia de Madrid, que revocó la resolución de González Calderón y condenó al enfermero a 5 días de arresto menor por una falta de vejación injusta de carácter leve.

La decisión adoptada hoy pone de manifiesto la previsible actitud del Consejo, que se inclinaría a favor de sustituir al expulsión por una sanión, ya que la sentencia de la Audiencia de Madrid no entró a analizar la conducta del juez ni introdujo ningún "dígase", fórmula de advertencia que los tribunales de apelación emplean cuando un juez se excede en el desarrollo jurídico de una resolución.

La comisión disciplinaria del CGPJ expedientó a González Calderón por estimar que incurrió en una falta muy grave del artículo 417 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), al generar una responsabilidad por lesionar el honor de la mujer, ya que, n su argumentación jurídica consideró que ésta, por su edad, no pudo despertar un interés lascivo en un profesional que, por su trabajo, tendría a diario "mejores oportunidades".

La propuesta sin embargo contó con la oposición de dos de los cinco vocales que integran la comisión, que formularon un voto particular en el que hicieron constar de, acuerdo con los artículos 412 y 413 de la LOPJ, no puede expedientarse al juez por una responsabilidad disciplinaria derivada de lo civil "sin previa existenciafirme" de un tribunal, que le condene por este motivo.

La comisión disciplinaria quiere sancionar también a González Calderón con 50.000 pesetas de multa por arremeter contra los tres vocales que proponen su expulsión y Clemente Auger, a los que responsabiliza de utilizar este asunto para dar publicidad al recientemente nombrado presidente de la Audiencia Nacional.

Desde su constitución, el CGPJ ha expulsado a cuatro magistrados de la carrera judicial, dos de ellos sin que fuesen condenados previmente por un tribunal, si bien el Tribunal Supremo revocó una de las sanciones.

En mayo de 1986 fueron expulsados Ricardo Varón y Jaime Rodríguez Hermida por poner en libertad bajo fianza a un preso que posteriormente se dio a la fuga, aprovechando la ausencia del titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional.

El Tribunal Supremo rebajó la sanción a Varón Cobos, suplente en el juzgado, pero mantuvo la separación del servicio de Rodríguez Hermida, que presionó al primero para que decretarala libertda.

Además, en marzo de 1989 el pleno expulsó a Joaquín García Lavernia y Carlos Lorenzo Penalva, jueces de primera instancia de Barcelona, que fueron condenados por cohecho y prevaricación por nombrar sucesivamente interventores en casos de suspensión de pagos y quiebras de empresas a letrados del despacho de un hermano de Lorenzo Penalva.